MAD Miércoles, 13 julio 2016

Google sancionado por “derecho al olvido” en el Perú. ¿Y ahora?

base_image

La libertad de expresión no es solo patrimonio de los periodistas. Ya se ha comentado bastante la escandalosa e insólita denuncia contra el equipo de “Panorama” nada menos que por traición a la patria. Pero en estos días ha ocurrido una sanción legal que, si bien no tiene los tintes de venganza política que aquella, puede tener consecuencias igual de nefastas.

Google Perú ha sido sancionado con una multa de más de 250 mil soles por una oficina del Ministerio de Justicia que responde al nombre de Dirección General de Protección de Datos Personales (DGPDP). La razón: un abogado que en el 2009 fue denunciado porque la policía encontró su computadora llena de pornografía infantil.  El demandante, que era profesor en la USMP, alega que en el 2012 se le declaró libre de toda culpa. Pero tenía un problema: cada vez que alguien googleaba su nombre, por supuesto, aparecía su caso en distintas webs periodísticas con pelos, señales y pedidos de detención incluidos.

Así que, el año pasado, el ex funcionario demandó a Google “la eliminación de cualquier información o noticia relacionada con la materia de sobreseimiento”. Por supuesto, esto no está –o no debería estar– en manos del poderoso buscador. En teoría, Google funciona gracias a un algoritmo absolutamente neutral que se limita a indexar lo que ya existe en la red. Pedirle que elimine los resultados de una búsqueda particular es pedirle que haga algo que no debería hacer: que un humano interfiera deliberadamente en su base de datos. Es decir, censura.

Sin embargo, Google tiene que hacer esto cada cierto tiempo, no solo en Perú. En todo el mundo se pretende imponer una doctrina llamada “Derecho al Olvido”. Quien está a la vanguardia de esta corriente es España, un país en el que Google News está restringido y en el que una página que tenga la opción de “recomendar esta web a un amigo” está infringiendo la ley. De hecho, los perpetradores peruanos de la nefasta Ley de Protección de Datos –aprobada literalmente en último día del gobierno aprista y responsable de la creación de la DGPDP– suelen mencionar a España como ejemplo. Como si no supieran la carga burocrática que significa la ley española tanto a grandes como pequeñas empresas.

El blog Hiperderecho ha dedicado varias eficaces entregas a analizar la delirante sanción de la DGPDP a Google Perú. Para empezar: se sanciona a la filial peruana por algo que es responsabilidad de la central norteamericana, lo que podría tener varias consecuencias a nivel de inversionistas extranjeros (especialmente, los que no tengan bolsillos tan grandes como Google). Pero, sobre todo, el criterio del “derecho al olvido” podría aplicarse a periodistas de investigación que generen, por ejemplo, buscadores de registros de ingresos a entidades públicas o deudores de pensiones alimenticias.

En un país en el que la justicia institucional ha demostrado ser, sino corrupta, por lo menos, ineficaz, el “derecho al olvido” es un contrasentido. A veces, la publicidad de un hecho es la única justicia real. Los medios, por supuesto, necesitan ser mucho más responsables y autorregularse pero el gobierno peruano –la DGPDP es una instancia del Ejecutivo– no puede convertirse en el gran censor de la red peruana. No solo los periodistas utilizan Internet, sino todos los ciudadanos. Todo gobierno, el saliente y el entrante, debe entender que la libertad de expresión solo se regula con más libertad de expresión. El derecho al olvido no puede convertirse en una traición de la memoria, especialmente en un país que necesita recordar tanto.